En el despacho de Natalia Irene Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, reposa un borrador de decreto que ha despertado serias preocupaciones. En efecto, el documento, que por lo pronto es un manifiesto de intenciones, pretende darle facultades al actual gobierno –y por supuesto a las administraciones venideras– de redistribuir las vigencias futuras aprobadas para ejecutar proyectos de infraestructura vial.
Quienes conocen el trasfondo del sector saben de sobra que el espíritu del decreto pondría en vilo la financiación –en el largo plazo– de decenas de vías estratégicas para la conectividad nacional. No es secreto que el recaudo de los peajes y las vigencias futuras son los cimientos financieros sobre los cuales se soportan la construcción, el mantenimiento y la operación de las obras de infraestructura vial del país. Todas estas actividades recaen sobre los hombros de las concesiones que hoy ejecutan, bajo el modelo de APP, los principales corredores viales que se extienden por la geografía nacional.
Pero, volviendo a los efectos del decreto, la eventual redistribución de vigencias futuras, planteada en sus incisos, dejaría en el limbo la única apuesta de la era Petro en términos carreteros: la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país.
Recientemente, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura anunciaron la publicación definitiva de los pliegos para la licitación, justamente, de la referida megaobra El Estanquillo-Popayán. Se trata de un proyecto orientado a superar las dificultades –históricas, valga decir– que en materia de conectividad han afectado a esta importante zona, en los departamentos del Cauca y Nariño.
Pero es, además, un esfuerzo fiscal de dimensiones colosales, en la medida en que la iniciativa demandará recursos por $ 6,2 billones: el monto proyectado de inversión más grande en la historia del país para un corredor vial. Y es aquí donde el decreto de marras se convertiría, paradójicamente, en el principal enemigo de este megaproyecto, el mismo por el que tanto ha apostado la administración Petro.
Quienes conocen el trasfondo del sector saben de sobra que el espíritu del decreto pondría en vilo la financiación –en el largo plazo– de decenas de vías estratégicas para la conectividad nacional
La razón obedece al hecho de que, en este caso particular de El Estanquillo-Popayán, el 97 % de su financiación dependerá de las vigencias futuras. Entonces, si el Gobierno finalmente queda con la facultad de redistribuirlas, es evidente que las reglas del juego cambiarían de tajo, como nunca había ocurrido. Dentro de ese contexto –a la sazón de la incertidumbre y la desconfianza que todo ello generaría–, difícilmente algún oferente mostrará interés en el proceso licitatorio, cuya adjudicación está prevista para comienzos del próximo año.
Dirán los defensores del decreto que, por tratarse de su mayor apuesta, el Gobierno se comprometerá a no tocar las vigencias futuras del proyecto. Argumento tan deleznable como rebatible, por cuanto los gobiernos futuros –amparados por el controvertido decreto– tendrían la misma facultad de redistribuir las vigencias en el momento que así lo consideren.
En todo caso, de expedirse el decreto, se estaría allanando el camino para que las decisiones de la infraestructura del país se tomen al vaivén de los estados de ánimo. Sería, ni más ni menos, desinstitucionalizar una figura que, como las vigencias futuras, ha sido honrada históricamente por el Estado y por los gobiernos de turno.
Pero, más allá de obras específicas, la historia reciente demostró con hechos que las vigencias futuras han sido un instrumento definitivo para financiar los grandes proyectos de infraestructura del país. Sin ellas, el desarrollo vial de Colombia entraría en un imperdonable letargo.
El Gobierno todavía está a tiempo de reconsiderar la conveniencia del decreto, con mayor razón ahora, cuando quedan en evidencia los graves efectos que podría acarrear dentro de su propia entraña.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
Columna de El Tiempo del 24.08.2025
